29.10.05

La lucha por el Canal de Panamá: tareas pendientes

Las cualidades geográficas de nuestro territorio han determinado nuestra formación social y nuestra estructura económica, y nuestro consecuente débil desarrollo, con la complicidad de clases dominantes sin proyecto propio y clases dominadas con escaso interés en el desarrollo de la conciencia, el cambio y el ejercicio del poder, nos puso al servicio del capital extranjero.

Siempre manteniendo el rol asignado a Panamá como espacio subordinado del sistema económico para el movimiento de seres humanos, materias primas y mercancías, uniendo océanos y mercados, las potencias buscaron el control económico y político del área de tránsito por su importancia estratégica, realizando acuerdos entre potencias para la seguridad y estabilidad de la ruta por encima de nuestra opinión, intereses y soberanía. La construcción del canal de Panamá, fue posible luego de los acuerdos de las potencias capitalistas por para asegurarse beneficios de la nueva ruta.

La independencia de Panamá esta ciertamente ligada a la necesidad del capitalismo global y específicamente el estadounidense, de construir la ruta para el comercio internacional y el fortalecimiento de los EUA en todo su territorio. El canal de Panamá es inaugurado en 1914, y con él, todas las consecuencias y condiciones que lo caracterizaron durante la administración norteamericana.

La lucha nacional por el canal de Panamá no debe entenderse como algo abstracto, sino como una mezcla de factores objetivos y subjetivos que llevaron a las clases medias y bajas a plantearse la recuperación del canal de Panamá y las áreas que constituían la Zona del Canal, es decir, la recuperación de nuestro territorio y el activo tecnológico que potencia nuestra posición geográfica, la búsqueda de posibilidades profesionales y comerciales, frente a la situación de humillación, arrogancia y subordinación que demostraban los E.U.A. en alianza con las clases dominantes hacia el panameño común, clases dominantes que tras ampararse en el poderío norteamericano para separarse de Colombia en la búsqueda de ventajas económicas, se mantiene en el poder débilmente gracias al mismo poderío; y a fuerza de presiones políticas y económicas, concesiones y compensaciones, renunciaron a la idea (si es que alguna vez la tuvieron) de construir un país en todas sus dimensiones posibles y necesarias, limitándose a aprovechar la condición existente, consolidando nuestra formación socio-económica histórica, originada de manera consciente desde el descubrimiento del mar del Sur.

Si una de las clases era apoyada por un poder extranjero, era de esperarse que la lucha de clases también se dirigiera hacia ese poder externo: el gobierno estadounidense junto a la oligarquía subordinada local que es sostenida por (y a la vez amarrada a) la oligarquía norteamericana en el poder, explotando nuestra gente y nuestros recursos, son vistos entonces como el enemigo común en el nacimiento y desarrollo de la lucha, aunque luego estas reivindicaciones hayan sido absorbidas, y vaciadas en su contenido, por los partidos políticos tradicionales.

Organizaciones cívicas, grupos estudiantiles, sindicatos, mujeres, campesinos y movimientos políticos escenificaron las luchas que a lo largo del siglo pasado contribuyeron a llegar al punto en el cual hoy nos encontramos, agrupando bajo la consigna de la soberanía en un determinado momento, los diversos intereses que movían a cada sector, con diferentes grados de conciencia y diversas ideologías.

Ha sido esta movilización popular, no nos equivoquemos, la que nos ha permitido llegar donde estamos, punto medio en la lucha, al no permitir en varias ocasiones, mayores concesiones a los norteamericanos por parte de las clases dominantes, las cuales siempre en su visión cerrada de país, mezquina, elitista, excluyente y exclusiva, se han conformado con la acumulación de capital en actividades de intermediación, lo que se ha traducido en una despreocupación por el desarrollo de los sectores productivos del país.

Elementos de importancia en este camino histórico fueron las constantes intervenciones estadounidenses en nuestros asuntos internos, los sindicatos de trabajadores, la huelga de no pago de alquileres de 1925 que terminó en intervención y muerte, el rechazo al tratado Alfaro-Kellog en 1926, la fundación de la Universidad de Panamá en 1935, la Federación de Estudiantes de Panamá y el movimiento estudiantil independiente, el rechazo popular al Convenio Filos Hines en 1947, la Unión de Estudiantes Universitarios y la Operación Soberanía en 1958, la siembra de banderas en 1959, los sucesos del 9 al 12 de enero de 1964 que dejaron, estos últimos sucesos, un saldo de 22 muertos y mas de 500 heridos.

A partir de 1964 se marca una diferencia, pues la reacción popular es tal, que se reconoce la capacidad del sentimiento nacional de generar fuertes reacciones inclusive en momentos de completa desventaja, logrando incluso obligar a las clases dominantes a romper relaciones diplomáticas con los EUA, en una especie de carambola que permitió mantener la gobernabilidad, dado el riesgo de perder completamente las riendas del país ante un levantamiento popular.

Hay que recordar también el escenario mundial de confrontación política, económica, militar, ideológica entre los bloques de poder que entonces competían y se manifestaban en las luchas por la liberación de los pueblos, recuperación de sus recursos y nuevas formas de dominación y explotación.

En 1968 se da el golpe militar, y al afianzarse Torrijos en el mando, es nuestro deber reconocer que el gobierno asumió la estrategia de plantear el problema como una causa latinoamericana, de país no alineado, ganando la atención y la simpatía de la opinión pública internacional, logrando altos niveles de divulgación, apartándose de la tradicional revisión complaciente de los tratados de 1903, que argumentaba como algo irremediable la posición de Panamá dentro de la esfera de influencia de los EUA, y obligaba a aceptar lo que la potencia de buena fe nos quisiera ofrecer, prolongando entonces la hegemonía ad infinitum.
Un año antes, cabe recordar, de nuevo la Asamblea Nacional se había visto obligada a rechazar por presión popular, los tratados 3 en 1, que burlaba los intereses del pueblo panameño.

En 1977 se da la firma de los tratados Torrijos Carter, que reconoce la soberanía de Panamá sobre todo su territorio y abroga los tratados anteriores, en medio también de un escenario mundial de guerra fría, luchas anticolonialistas a nivel global, derrota militar norteamericana en Vietnam, presión internacional por las causas de los pueblos oprimidos y explotados, lo que no menoscaba el papel definitivo de la lucha generacional panameña, en la cual Torrijos únicamente se encarga de llevar hasta otro punto en su desarrollo inconcluso.

Se logra la devolución paulatina de los territorios de la Zona del Canal desde 1979, y se obtiene la administración panameña del canal de Panamá a partir del 31 de diciembre de 1999, pero deja pendiente con las enmiendas al Tratado de Neutralidad, la posibilidad de una intervención de cualquier tipo, incluyendo la armada, sobre nuestro territorio, por parte de los EUA, en caso que el gobierno de ese estado considere que el canal o el tráfico por éste se encuentre amenazado, al establecer la responsabilidad de ambos países a asegurar que el Canal de Panamá permanecerá abierto y seguro.

Las medidas estimadas necesarias al respecto pueden ser tomadas unilateral e independientemente por ambas naciones, para reabrir el canal o reanudar sus operaciones, aunque conociendo la enorme diferencia que, acentuada tras la invasión de 1989, tenemos en materia de capacidad defensiva nacional; sin entrar a considerar que hoy, con el desarrollo de armamentos cada vez más sofisticados, es difícil plantear la posibilidad de una defensa real del canal, a no ser por una absoluta y efectiva neutralidad, resulta muy fácil suponer a quién favorecería esta libertad de movimiento y decisión.

Además, este Tratado de Neutralidad, no nos permite imponer restricciones al paso de naves de guerra, naves auxiliares y embarcaciones peligrosas de ninguna nación, nos compromete a permitir siempre su paso sin importar su funcionamiento interno, medio de propulsión, origen, destino o armamento sin que pueda ser sometida a inspección, registro o vigilancia, lo que pone en riesgo la pretendida neutralidad y con ella, la seguridad de la nación y la población panameña, sobre todo en la zona de tránsito, donde se ubica casi la mitad de la población total.

Ofrece tránsito expedito para las naves de guerra y auxiliares de EUA y Panamá, limita los reglamentos a los necesarios para la navegación segura y la imposición de peajes es obligada a pasar por las partes interesadas, limitando el interés nacional.

De lo anteriormente expuesto, se concluye que la lucha por la efectiva soberanía nacional continúa, ahora al exigir la abrogación de un Tratado de Neutralidad no tan neutral y el cual por muchos motivos, tales como seguridad nacional e ingresos, es desventajoso para Panamá. Es necesaria llevar adelante la tarea de definir el futuro del mismo canal y su relación con la nación y la economía panameña, decidir su ampliación o no en términos de los beneficios o perjuicios que pueda generar y la posibilidad real que los beneficios lleguen a una mayor cantidad de personas, considerando la lógica que orienta a las clases en el poder, factores nacionales, sociales y ambientales por encima de los estrictamente económicos internacionales.
Debemos considerar nuestra contribución a la fortaleza e integración latinoamericana, poniendo al servicio de los pueblos hermanos, en condiciones preferenciales y de reciprocidad, las ventajas de este recurso.
Debemos exigir la inversión de los recursos provenientes de su operación en el desarrollo social integral del país, el bienestar de quienes son sus legítimos dueños, quienes lucharon y murieron por su recuperación, el pueblo panameño.